Antonio García, Primer Comandante del ELN
La 36 Cumbre de la OTAN, celebrada en Ankara (Turquía)
el 7 y 8 de julio de 2026, marca un nuevo momento en la
reorganización del orden internacional.
Bajo el discurso de la «seguridad colectiva», va quedando
clara una arquitectura política, financiera, tecnológica
y militar destinada a preservar la hegemonía occidental,
frente al avance del mundo multipolar y de actores
emergentes como los BRICS.
En medio de esta realidad es evidente que la paz no es un objetivo
político. En la práctica, queda subordinada a la competencia
geoestratégica, a la par, la guerra ya no es el último recurso
de las vías políticas, sino como el mecanismo permanente de
acumulación de capital, reorganización territorial y disputa
por recursos estratégicos sin ningún sonrojo.
Las decisiones adoptadas en Ankara muestran que la OTAN
deja claro lo que es, un complejo económico-industrial al
servicio de una maquinaria global de la muerte. El incremento
del gasto militar hasta el 5 por ciento del PIB, la creación del
Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (Defence, Security
and Resilience Bank, DSR Bank), promovido inicialmente
por Canadá y varios aliados, y la ampliación de las cadenas
internacionales de producción militar evidencian que la guerra
se institucionaliza como política económica.
Los grandes beneficiarios son las corporaciones del complejo
militar-industrial, las empresas tecnológicas dedicadas a
la inteligencia artificial, la vigilancia, la ciberseguridad y
el procesamiento masivo de datos, las compañías militares
privadas y los gigantes financieros que administran buena
parte de estas inversiones.
Aumenta irracionalmente el gasto militar, haciendo circular
dinero de la gente hacia este conglomerado industrial del mal;
así, mientras enormes recursos públicos son transferidos al
negocio de la muerte, millones de personas enfrentan pobreza,
hambrunas, una catástrofe climática que impacta indistintamente
pueblos del norte desarrollado y del sur explotado, deterioro
de los sistemas públicos de salud y educación, así como también
la normalización del genocidio contra el pueblo palestino, los
genocidios en África, donde el respeto al Derecho Internacional
Humanitario ya no suena sino como mala broma.
En este escenario, América Latina adquiere un valor geopolítico
extraordinario. La región concentra reservas decisivas de litio,
cobre, agua dulce, biodiversidad, hidrocarburos y minerales
críticos indispensables para la transición tecnológica y militar
de la actualidad y de tiempos venideros. Pero también ofrece
puertos sobre el Pacífico, corredores bioceánicos, abundante
mano de obra y capacidades militares crecientemente
subordinadas a doctrinas diseñadas desde Washington.
La expansión de iniciativas como AUKUS (Australia, Reino Unido
y Estados Unidos) y la creciente articulación estratégica del
espacio Indo-Pacífico evidencian que la disputa ya no se limita
al Asia occidental. El objetivo es construir una arquitectura
global capaz de contener la expansión comercial, tecnológica
y geopolítica de China, Rusia e Irán. En esa estrategia, los
países latinoamericanos con costas sobre el Pacífico adquieren
un papel cada vez más relevante, como plataformas logísticas,
corredores comerciales y espacios de proyección militar.
No resulta casual que se multipliquen acuerdos de cooperación
militar, plataformas israelíes de inteligencia y vigilancia,
procesos de interoperabilidad entre Fuerzas Armadas y ejercicios
conjuntos en países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú y
Colombia. Bajo la narrativa de la lucha contra el narcotráfico
y el crimen organizado se consolida una infraestructura, que
fortalece la capacidad de intervención regional y prepara
escenarios de guerra utilizando nuestros territorios, nuestros
recursos y, eventualmente, nuestros propios jóvenes como
fuerza de combate.
La llamada interoperabilidad no busca únicamente mejorar
capacidades defensivas; persigue integrar doctrinas, sistemas
de inteligencia, logística y cadenas de mando, bajo estándares
definidos por Washington y la OTAN.
Toda expansión imperial necesita construir amenazas
permanentes. Durante la Guerra Fría fue el comunismo; después,
el terrorismo internacional; hoy emergen categorías como
«amenazas híbridas», «narcoterrorismo», «extremismo violento»
o «actores malignos transnacionales». Bajo estos conceptos se
legitiman mayores presupuestos militares, vigilancia masiva,
restricciones de derechos e intervenciones sobre territorios
considerados estratégicos.
El derecho internacional queda subordinado a un doble rasero,
pues mientras se invoca la defensa de la democracia y de un
supuesto «orden basado en reglas», se normalizan guerras,
ocupaciones y graves violaciones al Derecho Internacional
Humanitario en Palestina, Líbano, Siria, Yemen y otros
territorios del Sur Global.
Europa, lejos de consolidar una política exterior autónoma,
aparece cada vez más subordinada a las prioridades estratégicas
y a los vaivenes políticos de Washington, asumiendo crecientes
costos económicos, energéticos y militares derivados de una
confrontación, cuyo principal beneficiario continúa siendo el
complejo militar-industrial estadounidense-israelí.
La gran pregunta es quién terminará pagando el costo de esta
nueva carrera armamentista. Todo indica que, una vez más,
serán los pueblos. Particularmente los del Sur Global y, de
manera especial, Nuestra América, convertida nuevamente en
cantera de materias primas, plataforma logística, laboratorio
tecnológico y reserva estratégica, para una confrontación que
no responde a sus intereses.
Frente a esta nueva reingeniería colonial, la lucha por la
independencia y liberación vuelven a cobrar plena vigencia.
A medida que avance la militarización, el extractivismo y la
subordinación, también crecerán la inconformidad popular y
las resistencias de los pueblos, que se niegan a convertirse en
territorios de sacrificio.
La verdadera seguridad no nace de la militarización ni de bancos
destinados a financiar armamentos. Nace de la justicia social, de
la soberanía, de la integración latinoamericana, del cuidado de
la Amazonía y de la Madre Tierra, y del derecho irrenunciable
de nuestros pueblos a decidir libremente su destino.
Mientras el poder imperial organiza la economía mundial de
la guerra, corresponde a los pueblos organizar la economía de
la vida. Esa es la gran disputa civilizatoria del presente: entre
quienes pretenden administrar el planeta mediante la guerra
permanente y quienes seguimos creyendo que la paz solo puede
construirse desde la justicia, la cooperación, la soberanía y la
dignidad de los pueblos.
Esa es desde siempre la guerra de los poderosos contra los
débiles y los pobres, donde el poder la justifica; por eso el 17 de
julio pasado Marco Rubio dijo sin sonrojarse:
«Es una rebelión de los peores contra los mejores, una rebelión
de los débiles y cobardes contra los fuertes y los buenos».
Lo chistoso de este cuento es que siga creyendo que los pobres
somos cobardes.
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