RAZÓN DE EXISTENCIA

Antonio García, Primer Comandante del ELN

Las palabras describen y guardan su propia historia y, en ese sentido, libran sus propias luchas. En su mañosa «batalla cultural», en parte ensañada contra palabras, en la reciente decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella, la enfiló para de dejar de usar el término ‘campesino’ en sus comunicaciones oficiales y reemplazarla por “pequeños empresarios del campo”.

Pareciera, a primera vista, una discusión semántica, pero en realidad es una disputa política por el significado de quienes trabajan y viven de la tierra. Así, entonces, no se trata de meras palabras, sino de
ir en contra los sujetos sociales que encarnan la historia. Ante el gran descontento que acarreó esta decisión, el nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, justificó el cambio diciendo que ‘campesino’ es un término despectivo y que la nueva denominación busca “elevar el estatus” de quienes producen los alimentos del país. Este ministro no sabe dónde está parado, menos lo que quiere decir. A quien se le ocurre pensar que nuestros campesinos estén pensando en «elevar el estatus», ellos han luchado durante toda la historia por justicia, equidad, derechos, defensa de sus territorios y el ambiente y, sobre todo, dignidad.

El campesino es la raíz histórica de los pueblos y de su ser productivo social, nadie más encarna la identidad de historia y territorio, que bien podría decirse la territorialidad de la historia, que ha enfrentado la barbarie del Estado con sus Ejércitos oficiales y sus bandas paramilitares y su único plan contrainsurgente. Ser campesino es razón de existencia, por eso nuestros campesinos se sienten orgullosos de serlo, menos pensar que la dignidad se «eleva», cuando a una persona se le pretende negar su existencia, el ser campesino es identidad y pertenencia a sus organizaciones y a su lucha histórica. Y cuando un Estado empieza a sustituir el nombre del 28,5 por ciento de su población, por otro que le resulta políticamente más conveniente, no solamente está cambiando una palabra; está desconociendo la realidad.

Un campesino no deja de serlo porque ahora el Gobierno lo llame empresario, de la misma manera, como tampoco desaparecerán la desigual distribución de la tierra, la precariedad rural, la interrogada soberanía alimentaria o el abandono del campo por parte de los gobiernos. Sencillamente, no desaparecen porque sean administrativamente rebautizadas. De hecho, la Constitución colombiana dice exactamente lo contrario de lo que sugiere este borramiento: desde el Acto Legislativo 01 de 2023, el campesinado es reconocido expresamente como sujeto de derechos y de especial protección constitucional, con dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales propias.

Esto no fue una concesión del Estado, sino el resultado de décadas de luchas de las organizaciones campesinas, que cobraron una deuda histórica con un reconocimiento constitucional. Antes de ese reconocimiento, el propio Estado había tenido enormes dificultades para nombrar al campesinado, como sujeto político específico. La reforma de 2023 modificó el artículo 64 precisamente para reconocer su relación particular con la tierra, su papel en la producción de alimentos y sus derechos colectivos e individuales. Por eso resulta profundamente regresivo que, apenas tres años después, un Gobierno pretenda presentar la palabra
‘campesino’, como una categoría que debe ser «superada», como si el problema histórico hubiera sido el nombre y no las condiciones materiales de quienes viven y trabajan en el campo.

Mientras por un lado se quiere hacer ver que se trata de un simple cambio de «palabras», por otro lado con el Decreto 1368 del 8 de septiembre, se levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y reactivó los permisos individuales vigentes, aunque manteniendo requisitos, restricciones y controles. Como quien dice, mientras se va contra el pueblo en su ser campesino; por otro lado, a los que están con el gobierno, se les autoriza las pistolas. Claro, las pistolas y demás armas con que se dotan a las bandas paramilitares.