Por Comandante Antonio García
El Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador enfrenta una contradicción mayúscula en su política de seguridad: después de haber detenido a más de 93.000 personas durante el régimen de excepción iniciado en marzo de 2022, ahora estudia la posibilidad de una liberación anticipada y condicional que podría beneficiar aproximadamente al 50 % de quienes fueron encarcelados por colaborar con las pandillas. El anuncio genera profundos interrogantes sobre la legalidad de la medida, los criterios para seleccionar a sus beneficiarios y la responsabilidad estatal por las detenciones arbitrarias y los daños sufridos durante la reclusión.
Bukele sostiene que no todas las formas de colaboración con las pandillas tienen la misma gravedad. Según su explicación, no es equivalente participar directamente en delitos violentos que avisar sobre la presencia de la policía bajo la presión de estructuras que controlaban la vida cotidiana en determinados territorios. Afirma entonces que su Gobierno está revisando dichos niveles de participación para determinar quiénes podrían salir de prisión bajo monitoreo. Sin embargo, no ha precisado qué institución adelantará la evaluación, cuáles serán los criterios verificables ni qué procedimiento jurídico hará posible las excarcelaciones.
La propuesta representa un cambio significativo en el discurso oficial. El régimen de excepción y la política de “mano dura” han sido presentados como instrumentos decisivos para recuperar la seguridad y debilitar a las pandillas. No obstante, el anuncio de una revisión masiva de casos también plantea una pregunta de fondo: si las circunstancias individuales y los distintos grados de responsabilidad son relevantes ahora, ¿por qué no fueron examinados rigurosamente al momento de las detenciones, al igual que los procesos judiciales?
Pero no son solo esos cuestionamientos. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que el régimen de excepción ha dado lugar a detenciones arbitrarias, restricciones de garantías y abusos dentro de las cárceles.
De acuerdo con las cifras citadas por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, se han documentado alrededor de 570 a 575 muertes bajo custodia estatal y más de 6.400 denuncias de vulneraciones de derechos. También se han reportado castigos físicos, falta de hidratación y negación de atención médica. Se sabe que estas condiciones habrían provocado daños graves en la salud de personas detenidas, incluidas afecciones renales y fallecimientos que, según las denuncias, pudieron evitarse con atención adecuada. Las organizaciones calculan, además, que decenas de miles de personas arrestadas podrían ser inocentes; estas cifras corresponden a estimaciones y denuncias de las entidades citadas, no a una determinación judicial definitiva sobre cada caso.
El propio Bukele ha reconocido que unas 8.000 personas habían sido liberadas tras comprobarse su inocencia, aunque defendió que las operaciones policiales tienen un margen de error. Para las organizaciones críticas, esa explicación no resuelve la dimensión del problema: la privación injusta de la libertad no es un simple error estadístico, sino una afectación de derechos que exige esclarecimiento, reparación y garantías de no repetición. La liberación de una persona, por sí sola, no devuelve el tiempo perdido ni compensa los daños físicos, emocionales, familiares, laborales y a la reputación que produce el encarcelamiento.
Por su parte, crece la presión internacional. Organizaciones de derechos humanos han anunciado que llevarán las denuncias sobre muertes bajo custodia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se han mencionado señalamientos de expertos internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad. Estas afirmaciones deben ser examinadas por las instancias competentes y no equivalen, por sí solas, a una sentencia. Sin embargo, muestran que las denuncias han trascendido el debate interno y pueden abrir escenarios de escrutinio internacional.
La directora de Socorro Jurídico Humanitario interpreta el anuncio del gobierno como un posible intento de contener el costo político y jurídico de las denuncias. A ello se suman las presiones sociales de familias que esperan el regreso de sus parientes y en el contexto electoral donde Bukele buscaría un nuevo mandato en medio de cuestionamientos sobre el deterioro institucional y las garantías democráticas. También se ha señalado que eventuales cambios en la composición política del Congreso de Estados Unidos podrían reactivar el escrutinio sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador.
Pese a las excarcelaciones anunciadas, Bukele no ha planteado poner fin al régimen de excepción. Lo ha comparado con una “quimioterapia” que habría reducido la violencia, pero que, según él, debe mantenerse porque todavía existirían riesgos. Esta pésima metáfora resume la justificación oficial de las medidas extraordinarias, aunque deja abierta la discusión sobre su duración, proporcionalidad y costo para los derechos constitucionales.
En el continente se está reciclando facetas del “fascismo criollo”. No podemos olvidar que don Abelardo se hizo elegir como presidente de Colombia apelando al discurso y propuesta de construir mega cárceles para recluir allí a todo el que él considere delincuente. En una de sus destempladas alocuciones señaló que en los dos meses de gobierno había detenido a 32 mil «delincuentes». Una cifra que llama la atención por cuando la población carcelaria semanas antes de dicha alocución rondaban los 103 mil, cuando apenas las cárceles tienen cupos para tan solo 81.189 detenidos. Estos 32 mil nuevos detenidos quién sabe a dónde los enviaría, o quizá está dando cifras amañadas. Como todo fascismo, estamos ante amenazas, mentiras y violencia. Así, la actualidad de Bukele anuncia el futuro que le espera a don Abelardo.
ADENDA: ¿Don Abelardo sí sabrá lo que es Cultura? Ahora habla de una “contra revolución cultural”, tocará decirle “¡Santísima Virgen!”, para qué no me excomulgue y a la vez reivindicar a las mujeres excluidas. En el nuevo nombre del Ministerio parece que va a primar el “patrimonio”, pero el del bolsillo. Hasta condena el «relativismo moral», como si la moral y las normas no hubiesen evolucionado o revolucionado en las diferentes etapas y periodos de la humanidad. Solo falta que condene la Relatividad de Einstein.
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