El presidente ilegítimo ha utilizado los dos meses de su mandato para posar ante las cámaras con discursos de austeridad y autoritarismo. Sin embargo, no se ven acciones de gobierno que beneficien a la población, es más, el gobierno apenas se está instalando mostrando así su inoperancia y su incapacidad para responderle al país y dar solución a las problemáticas que se presentan.
Como si se tratara de un programa de televisión, el gobierno nacional promete y promete ahorros para la nación mientras pide un presupuesto más alto que años anteriores. El recorte está en los derechos básicos de las comunidades quienes siguen esperando las ayudas estatales que han prometido. La reconstrucción se ha iniciado con recursos propios y gracias a la solidaridad de los pueblos, pero el gobierno no ha cumplido con sus obligaciones dejando solas a las miles de familias afectadas por el terremoto, los incendios y las recientes inundaciones.
En nuestra región la prioridad en la reconstrucción debería estar en las zonas campesinas, que han sido fuertemente afectadas y son claves para la alimentación y la economía; los hospitales públicos, muchos de los cuales tienen infraestructuras antiguas que no resistieron el terremoto y hoy atienden parcialmente restringiendo el acceso a la salud para miles de personas; las escuelas, colegios y universidades que requieren intervención inmediata para garantizar la educación en condiciones dignas y seguras; los espacios culturales públicos que son necesarios para toda sociedad; las viviendas de miles de familias; entre otros. Sin embargo, la realidad es que el gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada por esta reconstrucción y, por el contrario, ha utilizado la crisis para hacer un mayor gasto en viajes y un recorte en programas sociales.
Los municipios proyectan la reconstrucción a 5 o 6 años, pero si el gobierno nacional no hace su parte este plazo sería aún más largo, lo que disminuye el desarrollo de la región y la calidad de vida de sus habitantes. Lo más grave está en que, además de no aportar, se les recorta a los departamentos el presupuesto: por ejemplo, en el Tolima habrá una reducción del 17,4% en en el presupuesto asignado para el 2027, igual situación vive el Quindío que también sufrirá un recorte del 5,3 %, lo anterior ocasiona un nuevo golpe a la región que deberá buscar recursos para la reconstrucción y tendrá que suspender otros proyectos locales.
Finalmente, las promesas centradas en el Fondo Milagro aún no se materializan y se les dice a las comunidades que deben esperar. La evidente improvisación ante la emergencia ha generado graves afectaciones a las clases populares que han visto desmejoradas sus condiciones de vida. Otro golpe es la demanda del salario mínimo vital que cursa actualmente en el Consejo de Estado y amenaza un derecho conquistado por la clase trabajadora. No tienen en cuenta quienes apoyan la nulidad del salario mínimo vital el encarecimiento de los productos básicos y de servicios como la vivienda que, después del terremoto, presentó un gran incremento en los cánones de arrendamiento.
Solo dos meses de este circo han demostrado la inoperancia del gabinete y lo poco que les importa el país, por ello la importancia de fortalecer la organización popular y la movilización social. Es tiempo de dejar los temores, de volver a la calle y pelear.
Frente de Guerra Central
Ejército de Liberación Nacional
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