Comando Central (COCE)
El Gobierno del presidente ilegítimo ha declarado la guerra directa y frontal contra los y las campesinas de Colombia, quienes, además de padecer las causas y las consecuencias del conflicto, ahora ven cómo desde el gobierno se va fraguando una arremetida para el despojo de sus tierras.
El campo colombiano se está vaciando; según los reportes del Departamento Nacional de Estadística (DANE), menos del 30 por ciento de la población campesina es joven, proyección que es continua y sostenida en los últimos años. Las razones de esta situación se explican en el histórico abandono estatal, que somete el campo a condiciones de pobreza extrema y violencia.
Un Estado con interés real por la población tendría encendidas las alarmas e invertiría en la agricultura y el fomento del campesinado. El caso colombiano es todo lo contrario; su interés es justamente acelerar esa tendencia estadística y despojar el campo, transformando los suelos de cultivo por extensiones de tierra para la megaminería y el narcotráfico. Las evidencias se ponen de manifiesto en el impulso de políticas, discursos y acciones anticampesinas gestionadas desde el gobierno. La connivencia continua entre el Estado, a través de sus Fuerzas Militares (FFMM), y los grupos mercenarios narcotraficantes tiene como principal objetivo generar terror en la población campesina.
Los drones que utilizan los grupos narcoparamilitares son entregados por las FFMM, para que desde ellos se arrojen artefactos explosivos sobre las casas de los campesinos. Ya no solo les cubren el recorrido orondo por las regiones, sino que les resguardan las zonas de lanzamiento de los drones. El terror que esto causa en los habitantes de veredas y pueblos es abismal, por lo que semanalmente hay desplazamientos de comunidades hacia los cascos urbanos de mayor población o las ciudades capitales. Por si fuera poco, cuando no son los drones paramilitares, son los aviones estatales.
La farsa de los bombardeos y la militarización del actual gobierno ha hecho blanco en habitantes y renovado los llamados falsos positivos, esto es, más terror para la población. Configurándose una nueva reedición de la estrategia de tierra arrasada. Hacen parte de ese mismo paquete de despojo, las tareas encomendadas al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien hace algunas semanas afirmó ante el Congreso de la República que: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesino es despectivo.” Esta aseveración tiene tanto de odiosa como de
peligrosa; no es una mera expresión retórica. Detrás de esa idea hay una intención de minar la identidad campesina y el recientemente aceptado reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos (artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, aceptado en 2023).
Por si fuera poco, el mediano impulso que tuvo el gobierno de Petro hacia el restablecimiento de tierras para los campesinos y la posibilidad de acercarse a una reforma rural integral está siendo destruido por el nuevo gobierno del ilegítimo De la Espriella. La reciente limitación a la Misión de Observación y Acompañamiento de la ONU, excluyendo de su mandato todo lo relacionado con la reforma rural integral, no solo es el preámbulo de un nuevo incumplimiento al acuerdo de La Habana de 2016; es el amarre previo para inic ar la arremetida contra el campesinado, sin que haya organismos internacionales oficiales y avalados para opinar.
Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU, lanzó otra de aquellas perlas nefastas, vergonzosas y descaradas durante el pasado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: “Seré claro: no estamos en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad». Explicación no pedida, culpa manifiesta. Todo apunta a que los próximos meses no serán de tranquilidad para el campesinado colombiano. Con un gobierno farsante y títere que demuestra claramente su misión de arrasar el campo y cederlo a las transnacionales estadounidenses, como bien se ha conocido en el Memorando de Entendimiento sobre minería de minerales críticos e iniciativas conjuntas de seguridad, firmado el 8 de septiembre de 2026.
Panorama sombrío y una guerra declarada a todo el pueblo colombiano. Atacar el campo es atacar la soberanía alimentaria de todo el país. Acabar con la agricultura para convertir el suelo en un gran campo minero es imponer el hambre sobre la nación entera. Por tanto, la respuesta y la confrontación deben ser unánimes, unitarias y organizadas. Las mayorías populares estamos llamadas a afrontar con decisión las intenciones de arrasamiento que desde el gobierno pretenden imponer.
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