Comando Central (COCE)
Nuestro país tiene una gran riqueza hídrica capaz de cubrir el abastecimiento de agua potable y la electricidad de toda la población, sin embargo, estos bienes comunes los maneja el capitalismo neoliberal, que tiene a gran parte de población sin acceso al agua potable y la energía eléctrica.
olombia es el sexto país con mayor cantidad de agua dulce, con una oferta hídrica seis veces superior al promedio mundial, respaldada por precipitaciones constantes y una gran cantidad de fuentes superficiales, aproximadamente 2,1 billones de metros cúbicos de agua, y el 4,1 por ciento de los recursos hídricos globales. Es tan espectacular que poseemos el 52,5 por ciento de los páramos del mundo, con 37 páramos registrados que abarcan 2.906.137 Hectáreas, los que proporcionan el 72,4 por ciento del agua potable del país.
Nuestra riqueza hídrica es tan exuberante que permite el completo abastecimiento eléctrico del consumo interno y genera un superávit. El Sistema Interconectado Nacional (SIN) produce alrededor de 115.253 GWh anuales, de los cuales el 73 por ciento (84.135 Gwh) es de origen hidroeléctrico; la demanda energética interna oscila en 107.037 GWh, lo que permite que se exporten alrededor de 8.216 GWh. Al contar con energía hidroeléctrica de sobra, como ‘por arte de magia´ del inframundo brotaron las Productoras de Energía: 2 mixtas (EPM y GEP) y 4 privadas (Enel, Isagen, Celsia y AES); las que el año anterior acumularon ganancias por 355.993 millones de pesos y en lo corrido del año ya han ganado 174.690 millones de pesos. Pero ‘la otra cara de la moneda’ muestra que cerca del 20,6 por ciento de la población, unos 9,6 millones de personas, sufren de Pobreza Energética, que significa incapacidad de un hogar para satisfacer sus necesidades básicas de energía.
La desigualdad en el usufructo de nuestros recursos hídricos la sufre gran parte del país, porque el sistema imperante privilegia el beneficio de los oligopolios nacionales y transnacionales; por ejemplo, en el Departamento de La Guajira, está instalado El Cerrejón, el complejo de minería de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, que pertenece en su totalidad al grupo multinacional Glencore,
que se ha convertido en el principal derrochador del agua de este Departamento, que es casi desértico. Según el pueblo Wayúu, poblador ancestral de La Guajira, debido a la actividad minera de El Cerrejón, 17 fuentes hídricas las han secado debido a la actividad minera de esta empresa, que consume un promedio de 34 millones de litros agua al día.
En contraste el Departamento de La Guajira padece un déficit histórico y severo de agua potable, que afecta a más de 193.000 personas, unas 39.000 familias. Otra aberración con el uso del agua la sufre Bogotá, donde el precio del metro cúbico de agua para el consumo humano
es de los más altos del país, mientras empresas extranjeras dedicadas a la producción de bebidas, disfrutan concesiones sobre reservas de agua del altiplano, por las que pagan precios ridículos.
Hay que recordar que la elaboración de bebidas azucaradas ultraprocesadas derrocha grandes cantidades de agua. Según el Laboratorio de Estudios sobre Empresas Transnacionales (LET) de la Unam, corporaciones como Coca-Cola y Pepsi Cola, para producir un litro de estas bebidas se gastan 69 litros de agua. Otra tragedia humanitaria ocurre con la aplicación de la técnica tóxica del Fracking, para extraer petróleo, que el Gobierno de De la Espriella busca imponer, en contra de normas nacionales anteriores.
El Fracking contamina canales de agua superficiales y subterráneos y lo que es peor, tiene una alta demanda de agua, porque cada pozo consume entre 22 y 30 millones de litros de agua al día, y un campo estándar perfora unos seis pozos, por lo tanto, el gasto total
puede ascender a más de 174.000 metros cúbicos diarios. Mientras un ciudadano promedio lucha por optimizar el uso de cada litro del líquido vital, los megaproyectos mineros demandan caudales colosales, equivalentes al consumo diario de ciudades intermedias enteras, para extraer minerales preciosos y obtener dividendos que solo benefician a negociantes megarricos. La depredación de las grandes empresas mineras, causa una catástrofe de los pasivos ambientales, ya que la utilización de sustancias altamente tóxicas, como el cianuro y metales
pesados como el mercurio, terminan esparciéndose por las cuencas hidrográficas, ocasionando un Ecocidio silencioso donde los metales preciosos, el carbón, el gas y el petróleo se exportan, pero los costos del envenenamiento, la pérdida de biodiversidad y la escasez hídrica golpean directamente a las comunidades y los ecosistemas.
El argumento oficial de que la megaminería es el «motor indispensable del progreso» se desmorona, ante el análisis de costo-beneficio a largo plazo, pues permitir el avance de proyectos extractivos en zonas de influencia de páramos o en los bordes de sus frágiles complejos, no es más que una política de Tierra Arrasada. Hipotecar la principal fuente de agua potable de más del 70 por ciento de la población colombiana, a cambio de regalías volátiles y transitorias, constituye un suicidio fiscal y ambiental. Una verdadera política de desarrollo
con protección ambiental, debe valorar el capital natural y no contabilizar únicamente los ingresos inmediatos de la extracción. El agua limpia y disponible, y un medioambiente sano tienen un valor invaluable para la presente y futuras generaciones de colombianas y colombianos. Si el capitalismo destruye a la Madre Tierra y a las especies que la habitamos, estamos ante un dilema existencial: o
acabamos el capitalismo o este nos extingue. Lo que impone desarrollar otro orden social, que sirva a la humanidad y
conserve en buen estado al Planeta Tierra.
En el caso del agua, implica colocar este bien común al servicio de la mayoría de la población y que deje de estar acaparado por la minoría de negociantes, que hoy día se lucran con ella. Tanta belleza ‘no cae del cielo’, hay que luchar por hacerla realidad, con
la fuerza de la movilización y presión social de la mayoría.
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